Un 86% de los españoles se siente más seguro en lugares donde hay guardias de seguridad (…) Y si bien la alta aprobación va hacia los vigilantes de seguridad privada en general, no es casual que, luego de la pandemia, aquellos mejor valorados sean precisamente quienes prestan servicios en los centros hospitalarios y de asistencia sanitaria.
El contexto de pandemia, qué duda cabe, ha afectado de forma tan amplia como profunda en todos los ámbitos de actividad: institucional, industrial, comercial y, por supuesto, en la vida cotidiana de la sociedad civil. En el caso de la industria y empresas este impacto se ha traducido principalmente en la necesaria y urgente -muchas veces sobre la marcha- introducción de nuevas formas de organización y desempeño de los trabajos.
Una de las modificaciones más visibles fue el hecho de que para no pocos colaboradores, la necesidad de distanciamiento físico los obligó a ajustar repentinamente sus funciones desde la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, una serie de sectores que prestan servicios esenciales, no solo no han podido adoptar esta modalidad, sino que, yendo más allá de sus responsabilidades tradicionales, se han sumado a la primera línea de contención de las consecuencias de la pandemia. Es el caso del personal de la seguridad privada en el Estado español.
Alguien diría que esto no debería sorprender, ya que el Artículo 4 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, específicamente en sus letras b y c, expande las facultades del personal privado, no solo al cuidado de las personas que los contratan y sus bienes, sino que además cuentan con un mandato de colaboración hacia la seguridad pública que se expresa en el deber de:
b) "Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones” y c) "Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública”.
Por otro lado, también es un hecho conocido que la seguridad privada cuenta con vasta experiencia en el ámbito de la prevención de todo tipo de riesgos, por lo que podría parecer esperable su protagonismo durante la crisis que suscitó la pandemia del Covid-19.
No obstante, si bien se registra una significativa y valiosa trayectoria de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública, abarcando actuaciones en hurtos, identificaciones, detenciones y puestas a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, etc. Lo cierto es que el escenario que configuró la situación sanitaria durante el 2020 -que se extiende en menor medida hasta ahora- fue tan inesperado y novedoso, como de alta complejidad en su manejo y control.
En el lado amable de este desafío, la pandemia ha exigido al personal de seguridad aprender nuevos conocimientos donde la seguridad converge con el ámbito sanitario: desde el control de aforos dentro de recintos cerrados, a la toma de temperatura corporal en la entrada de alguna instalación, pasando por la aplicación de alcohol gel y detección del uso adecuado de la mascarilla. De esto modo, los efectivos de seguridad privada se han convertido en cercanos aliados de los trabajadores sanitarios, pero no solo de ellos. También de los de otros servicios esenciales.
Es que la actividad de la seguridad privada, en especial en los momentos más críticos de la pandemia, se ha focalizado no solo en instalaciones hospitalarias, sino que ha ampliado su campo de actuación al resguardo de toda infraestructura crítica, lo que comprende desde cadenas y centros de abastecimiento hasta estaciones de transporte.
Todo este proceso de adopción de nuevas funciones con sus respectivos procesos de aprendizaje ocurrió, no obstante, en un contexto en el que el concepto de bioseguridad no estaba totalmente internalizado adecuadamente por nadie -salvo por el personal sanitario. En ese sentido, en un primer momento, en el periodo más crítico de la pandemia, fue inevitable que se diera un escenario de peligrosa exposición al Covid-19 para muchos funcionarios esenciales. De hecho, no pocos elementos de los cerca de 80.000 efectivos de seguridad privada del país enfermaron. De ellos, algunos incluso perdieron la vida.
Por este motivo, ha sido un espaldarazo importante el reconocimiento que, desde distintas instituciones públicas, pero también desde la ciudadanía, se le ha otorgado al sector de la seguridad privada por su desempeño durante la crisis del Covid-19.
Un botón de muestra es el reciente estudio sociológico presentado por APROSER el pasado mes de abril. Este arroja que un 86% de los españoles se siente más seguro en lugares donde hay guardias de seguridad, lo que refleja un aumento en relación a la versión anterior del estudio donde este grado de aprobación registraba algunos puntos menos con un 79%.
Y si bien la alta aprobación va hacia los vigilantes de seguridad privada en general, no es casual que, luego de la pandemia, aquellos mejor valorados sean precisamente quienes prestan servicios en los centros hospitalarios y de asistencia sanitaria.
Este reconocimiento, no obstante, va de la mano con una crítica al Gobierno y las Administraciones, ya que solo un 38% de los encuestados consideran que existe un debido reconocimiento institucional a la labor de la seguridad privada. Reconocimiento que un 85% de los entrevistados considera debería expresarse en acceso preferente a medidas de protección sanitaria y durante el proceso de vacunación, por ejemplo.
Aun así, en otro plano igualmente significativo, en ciudades como Huesca y Málaga, en sobrios actos alejados del público por la misma situación de pandemia, algunos vigilantes han recibido el reconocimiento institucional de parte de la Policía Nacional que ha hecho entrega de menciones honoríficas a quienes han sido sus pilares de apoyo más cercanos durante la crisis sanitaria global.
Fuentes utilizadas en este artículo:
Acerca del Autor de este Artículo
ANDRÉS FONSECA LÓPEZ
Licenciado en Filosofía, Máster en Psicología, Posgrado en Trabajo Social, Diplomado en Políticas Sociales, Pobreza y Territorio, Diplomado en Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
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