La angustiosa experiencia reciente que estuvo marcada por la carencia de insumos tan esenciales como las mascarillas o equipamiento clínico como respiradores y EPI o los extendidos casos de desinformación de la ciudadanía respecto a temas preventivos, sugieren que esta ampliación de facultades del Estado va en el camino correcto (…) Sin embargo, han surgido voces críticas que cuestionan los mecanismos de implementación de estas reformas; poniendo el foco en las amplias facultades que adquiriría el Estado en ciertos asuntos.
Anteproyecto de Reforma
La pandemia del Covid-19 ha impactado en todos los ámbitos de nuestras vidas a escala global. La experiencia en la gestión de la misma, ha permitido obtener valiosas lecciones a gobiernos, instituciones públicas, industria privada y, por supuesto, a la ciudadanía en general. En ese sentido, es claro que nada será como antes en la denominada “nueva normalidad” post-pandemia.
Por lo anterior, no es de extrañar que comencemos a tener noticias de importantes ajustes en los ámbitos económico, político y social. Un ejemplo concreto de ello es lo que comienza a develarse en España con la puesta en marcha de una reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Nacional impulsada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
Visto en el Congreso de Ministros el pasado 22 de junio, el contenido del anteproyecto ya ha sido socializado a comunidades autónomas, parlamentarios y ha sido hecho público por la prensa desatando la polémica.
Y es que, aunque el anteproyecto se formula con el espíritu de introducir reformas que permitan afrontar distintos escenarios de crisis nacional -como nuevas pandemias- con mayor eficacia, ciertos elementos presentes en el mismo generan desconfianzas de parte de distintos sectores.
Revisemos los aspectos más destacados de esta iniciativa.
Aspectos destacados
En función del artículo 30 de la Constitución que establece que “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España” y que “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, el texto, en términos generales, otorga amplias facultades al Estado para fines como, en caso de una nueva crisis sanitaria, garantizar el abastecimiento de productos sanitarios y bienes críticos para la población.
En una línea similar, el anteproyecto incluye una reforma que obligaría a los distintos medios de comunicación social a ponerse al servicio del gobierno y otras autoridades, con el objetivo de realizar labores de difusión de informaciones en materia de prevención de contagios u otros temas operativos que pudiera requerir un escenario de crisis sanitaria o de otro tipo.
La angustiosa experiencia reciente que estuvo marcada por la carencia de insumos tan esenciales como las mascarillas o equipamiento clínico como respiradores y EPI o los extendidos casos de desinformación de la ciudadanía respecto a temas preventivos, sugieren que esta ampliación de facultades del Estado va en el camino correcto, ya que efectivamente se adelantan medidas para enfrentar con mayor éxito potenciales nuevas pandemias u otras situaciones de crisis de similar envergadura.
Sin embargo, han surgido voces críticas que cuestionan los mecanismos de implementación de estas reformas; poniendo el foco en las amplias facultades que adquiriría el Estado en ciertos asuntos.
Es lo que sucede, por ejemplo, con las formas en las que se garantizaría el abastecimiento de productos sanitarios y bienes críticos en caso de alguna contingencia, ya que se ha mencionado la posibilidad de requisar bienes o interrumpir actividades personales. Así mismo, también genera polémica la posibilidad de restablecer, de forma encubierta, según opiniones contrarias a la iniciativa, el servicio militar obligatorio que se eliminó del país el año 2001.
Veamos de qué trata esto.
Polémicas
Para cumplir con los objetivos de abastecimiento u otros fines que permitan superar un estado de crisis, sea cual sea su naturaleza (sanitaria, medioambiental, económica, etc.), el anteproyecto de reforma abre la posibilidad de que se requisen bienes tanto a personas naturales, como a empresas y entidades jurídicas según lo determinen las características y el grado de la crisis. También se podrán intervenir u ocupar espacios, así como interrumpir actividades.
En cuanto a una eventual reposición del servicio militar obligatorio, la preocupación de ciertos sectores nace de la facultad de, no solo requisar bienes materiales, sino que de movilizar recursos humanos -la población mayor de edad- para cumplir tareas que exija el Estado en caso de que sea necesario en un contexto de crisis.
Para la oposición política, este aspecto de la reforma les parece una reposición de la “mili” obligatoria y han solicitado al gobierno que se especifique sobre qué tipo de prestaciones personales han de prestar los eventuales ciudadanos que sean movilizados.
El tipo particular de bienes a requisar tampoco está claro en el texto de anteproyecto, sin embargo, si se detalla que, cualquier medida que se adopte, será gradual y proporcional al contexto de crisis que se atraviese. Por supuesto, tampoco serán medidas definitivas, sino que se ajustarán al tiempo necesario para sortear las dificultades que pueda imponer la contingencia.
Y, por último, también se indica que en caso de que existan ciudadanos o personas jurídicas afectados por la requisa de sus bienes o por la interrupción de sus actividades productivas, serán indemnizados.
No hay referencias, eso sí, a una posible indemnización a los ciudadanos que sean requeridos para prestar servicios al Estado en medio de una crisis. Por lo visto, en esta dimensión, la reforma apela al deber de cada ciudadano de defender España -que establece la Constitución.
Fuentes utilizadas en este artículo:
Acerca del Autor
ANDRÉS FONSECA LÓPEZ
Licenciado en Filosofía, Máster en Psicología, Posgrado en Trabajo Social, Diplomado en Políticas Sociales, Pobreza y Territorio, Diplomado en Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
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